La creciente preocupación por la influencia del sector privado en la investigación queda reflejada en este post que titulamos ‘Industria alimentaria y ciencia, y la peligrosa pérdida de integridad’, una realidad que ha cobrado fuerza tras los datos revelados recientemente en Zembla, un programa de investigación periodística de la televisión pública de los Países Bajos. Lo que podría parecer un caso aislado, se ha convertido en otro ejemplo más de cómo los intereses comerciales pueden condicionar el trabajo de quienes deberían velar por el conocimiento independiente.
Los datos de Zembla ponen al descubierto que la integridad científica se resquebraja, y es que la investigación destapó que tres científicos del Centro Médico Universitario de Groningen, firmaron un manifiesto instando al Gobierno del país a actuar con mayor firmeza contra la obesidad y promover incluso el uso más temprano de medicamentos adelgazantes. El problema apareció al descubrirse que estos investigadores colaboraban como asesores para un fabricante de los fármacos adelgazantes sin haberlo declarado.
Para expertos como Lex Bouter, reconocido en los Países Bajos por su metodología de la investigación e integridad científica, y una de las voces más influyentes en Europa en temas de ética científica, transparencia y buenas prácticas en la investigación, esa falta de transparencia constituye una clara violación del Código de Integridad Científica del país. Asegura que no se trata de un detalle menor, sino de una profunda grieta en la confianza que debería sostener cualquier investigación.
Como explica Jochen Mireau, economista de la salud y profesor en la Universidad de Groningen, especializado en evaluar cómo las decisiones médicas y políticas sanitarias afectan tanto a la salud pública como a la economía, este tipo de situaciones refuerza un ciclo perverso. La industria alimentaria llena estantes de productos alimenticios ultraprocesados que fomentan el aumento de peso, para luego, la industria farmacéutica ofrecer la solución en forma de medicamentos. Como se puede observar, en ningún punto se interviene en el origen real del problema, un entorno alimentario que promueve los malos hábitos.
La organización de consumidores Foodwatch lleva bastante tiempo alertando de estas prácticas, y el caso destapado por Zembla no ha hecho más que fortalecer su campaña “Stop de uitverkoop van de wetenschap” (Stop a la venta de la ciencia). En esta campaña denuncian cómo sectores industriales como el químico, el farmacéutico y el alimentario, financian, influyen o condicionan investigaciones para orientar resultados hacia sus intereses económicos.
Los ejemplos son numerosos, la Universidad de California destapó cómo la industria azucarera pagó para restar importancia al papel del azúcar en enfermedades cardíacas, algo de lo que hablábamos en el post “La industria alimentaria manipula las investigaciones científicas desde hace décadas”. También se puede citar cuando Coca Cola financió programas que culpaban la falta de ejercicio y no a sus bebidas de la obesidad mediante la financiación de Global Energy Balance Network, una organización que supuestamente trataba de identificar e implementar soluciones innovadoras basadas en el balance energético.
Lo cierto es que se podrían citar muchos ejemplos que hemos tratado en Gastronomía y Cía, como las investigaciones sobre edulcorantes artificiales que mostraron sesgos directamente vinculados a su financiación, algo que podréis leer con detalle en el post “Sesgos en las investigaciones sobre los beneficios de los edulcorantes artificiales”, que trata de una investigación australiana que analizó los resultados de 31 estudios sobre los edulcorantes artificiales desarrollados entre el año 1978 y el año 2014.
La realidad es que lo que se ha dado a conocer en Zembla, es sólo una pequeña parte de un enorme problema, y es que la ciencia cada vez es más dependiente del financiamiento industrial. En los Países Bajos y como ocurre en muchos otros países, gran parte de la investigación alimentaria depende de los fondos privados. La falta de recursos públicos ha abierto la puerta a una financiación externa que presiona, altera prioridades y compromete la libertad académica y la diversidad de las líneas de estudio.
Con este panorama, los riesgos son más que evidentes: quien financia un estudio suele influir en sus objetivos, los resultados negativos tienden a minimizarse o simplemente a no publicarse, la investigación se orienta hacia intereses de marketing y la confianza pública en la ciencia se erosiona irremediablemente. Foodwatch insiste asegurando que los intereses económicos no pueden imponerse sobre el conocimiento riguroso, y mucho menos sobre el bienestar de la población.
En el post “La investigación científica alimentaria depende cada vez más del financiamiento de la industria agroalimentaria” citábamos el Manifiesto contra la venta de la ciencia y las medidas para recuperar la independencia, un llamado a la acción con medidas dirigidas a todos los actores implicados a fin de lograr revertir esta deriva. En este manifiesto se habla de que las universidades cumplan rigurosamente el código de integridad científica, que se cree un fondo independiente donde la industria pueda aportar, pero sin influir en los resultados, así como garantizar que los Comités de Integridad Científica velen por los estudios de interés público.
Se pide a la industria alimentaria que financie un fondo realmente independiente, que se evite que la investigación se utilice como herramienta de marketing, que se trabaje para recuperar la confianza mediante la transparencia y el respeto a la independencia científica. A los investigadores se les solicita que no acepten financiación que no responda al interés social, que garanticen una transparencia total en cualquier colaboración, y que rehúsen contratos que limiten la publicación de los resultados o vulneren su integridad.
A los gobiernos se les pide no delegar la investigación científica en la industria (lo hacen con mucha frecuencia), basar las decisiones políticas sólo en estudios que cumplan con los códigos éticos, establecer criterios claros para identificar investigaciones de verdadero interés público, y realizar una llamada urgente a la protección de la ciencia.
¿Vamos a permitir que la investigación siga a la venta, o defenderemos una ciencia que priorice la salud y el bienestar de la sociedad? Foodwatch ha dado el primer paso, ahora toca a las instituciones, los profesionales, los gobiernos y los ciudadanos, si quieren seguir ese llamamiento de la organización de consumidores.
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