Ahora podemos saber que Francia suspende importaciones de alimentos con pesticidas prohibidos en la UE, abriendo con ello un nuevo capítulo en el debate europeo en materia de seguridad alimentaria, competencia agraria y la coherencia de las políticas comerciales. Esta decisión del Gobierno francés de bloquear la entrada de productos agrícolas procedentes de Sudamérica que contengan residuos de sustancias prohibidas en Europa, no es un hecho aislado, se trata de la respuesta a la presión creciente del sector agrícola y a la preocupación social por los denominados “plaguicidas boomerang”.
Recientemente el primer ministro francés Sébastien Lecornu, anunciaba que próximamente se aprobará un decreto para suspender la importación de alimentos que contengan restos de mancozeb, glufosinato, tiofanato-metil y carbendazim. Estamos hablando de fungicidas y herbicidas cuyo uso está prohibido en la Unión Europea por sus riesgos para la salud humana y el medioambiente, siendo una medida que afectará a diferentes productos alimenticios muy presentes en el consumo diario, como por ejemplo aguacates, mangos, guayabas, cítricos, uvas, manzanas, melones, fresas, cerezas y patatas entre otros, y siempre que procedan de países terceros que no cumplan con los estándares europeos de seguridad.
Desde el gobierno francés se insiste en la idea clave de que no se puede aceptar que sustancias prohibidas dentro de la Unión Europea regresen de forma indirecta a través de las importaciones. La ministra de Agricultura del país galo ha defendido esta decisión como una cuestión de sentido común destacando que Francia pretende dar ejemplo en la Unión Europa. El decreto será publicado en los próximos días, aunque deberá contar con el visto bueno de la Comisión Europea en un plazo de diez días, algo que Francia espera conseguir en las reuniones que se celebrarán en Bruselas, según explica France Info.
Más allá de este anuncio político, la medida irá acompañada de controles reforzados en las fronteras por brigadas especializadas, con el fin de garantizar el cumplimiento estricto de las normas sanitarias y proteger a los consumidores y a las producciones locales. Para el Gobierno francés esta medida es también un modo de luchar contra la competencia desleal que, según los agricultores, sufren frente a los productos importados de terceros países que no están sometidos a las mismas exigencias ambientales y sanitarias.
La agricultura francesa atraviesa momentos complicados, a problemas sanitarios como la dermatosis nodular contagiosa (enfermedad vírica altamente contagiosa que afecta al ganado bovino), se suman las movilizaciones contra el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur, cuya firma inicialmente está prevista para el próximo 12 de enero. Los sindicatos agrarios consideran que este tratado agravará la competencia de productos procedentes de países donde se permiten prácticas prohibidas en la UE. A esto hay que añadir el rechazo a otros instrumentos comunitarios como la futura reforma de la Política Agrícola Común, el Mecanismo de Ajuste en Frontera del Carbono (CBAM) y el Mecanismo de Acceso a Mercados y Financiación (MACF), que el sector calcula que podría encarecer los fertilizantes en unos 500 millones de euros.
En este escenario, la decisión francesa se interpreta como una aplicación unilateral de las denominadas “cláusulas espejo”, es decir, exigir a los productos importados las mismas normas que se imponen a los productos alimenticios europeos. Recordemos que se trata de una reivindicación histórica tanto del sector agrario francés, como del de otros países como España.
Hay que destacar que el debate va más allá de importaciones concretas desde Sudamérica, ya que la suspensión anunciada se centra sobre una contradicción estructural de la Unión Europea, la de los plaguicidas boomerang. Aunque el uso de determinados pesticidas está prohibido en la UE por su toxicidad, se siguen produciendo y exportación a terceros países de forma legal. Estos productos fitosanitarios se utilizan en cultivos fuera de la UE y vuelven posteriormente en forma de residuos presentes en las frutas, las verduras y en otros alimentos importados.
Organizaciones como Greenpeace o Foodwatch entre otras, llevan años denunciando este doble rasero de la Unión Europea, y es que mientras se protege a los consumidores europeos en el papel, se permite que estas sustancias peligrosas circulen por la cadena alimentaria internacional. Recordemos que informes de la EFSA (Agencia de Seguridad Alimentaria de la Unión Europea) ponen al descubierto la presencia de residuos de múltiples pesticidas en alimentos importados como los tomates y las fresas, además, en análisis realizados en supermercados europeos, se ha detectado la presencia de plaguicidas prohibidos en productos tan habituales como las bananas, el arroz o las pasas.
El impacto de este sistema no se limita a la Unión Europea, en los países donde se utilizan estos pesticidas, las consecuencias para la salud de los trabajadores agrícolas y para el medioambiente son graves, intoxicaciones, contaminación de las tierras de cultivo, del agua, daños a la biodiversidad y especialmente a insectos polinizadores como las abejas. La Organización Mundial de la Salud advierte de que la mayoría de los casos de intoxicación por pesticidas, se producen precisamente en los países en vías de desarrollo donde la protección y la vigilancia son deficientes.
La Comisión Europea ha reconocido el problema en iniciativas como la Estrategia “Del Campo a la Mesa”, donde se plantea reducir el uso de pesticidas y avanzar hacia sistemas alimentarios más sostenibles. Sin embargo, hasta la fecha no se han adoptado medidas firmes para prohibir la exportación de pesticidas que están prohibidos en la UE, en parte por las presiones de grandes lobbies químicos y por los acuerdos comerciales internacionales, ya que como hemos comentado en otras ocasiones, parece que la UE valora los intereses económicos por encima de la salud.
La decisión de Francia está limitada a su territorio y está pendiente de la validación comunitaria, pero supone un movimiento político importante que marca un precedente y reaviva el debate sobre si la Unión Europea debe avanzar hacia una política coherente que elimine definitivamente los plaguicidas boomerang, refuerce los controles en las frontera y garantice que los alimentos que se consumen en Europa, cumpliendo sin excepciones las mismas normas que se exigen a los agricultores europeos.
La suspensión de las importaciones anunciada en Francia persigue apaciguar el descontento del campo francés, pero también pone sobre la mesa una cuestión importante, hasta qué punto Europa está dispuesta a anteponer la salud pública, la equidad y la sostenibilidad ambiental, a los intereses económicos y comerciales. Veremos cuál es la postura y respuesta de la UE.
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