La demanda contra las nuevas Guías Alimentarias de Estados Unidos abre un nuevo frente de controversia sobre la forma en que se elaboraron las recomendaciones nutricionales para el periodo 2025-2030. El Physicians Committee for Responsible Medicine o PCRM (Comité de Médicos por una Medicina Responsable) presentó el pasado 19 de agosto una demanda ante el Tribunal Federal del Distrito de Columbia contra el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).
Esta organización asegura que ambas agencias recurrieron a un grupo de expertos seleccionado sin transparencia para modificar las conclusiones del comité científico encargado de asesorar sobre las nuevas guías. Las Guías Alimentarias se publican conjuntamente por el USDA y el HHS cada cinco años y tienen una influencia considerable sobre la política alimentaria y sanitaria del país, sirviendo de referencia para programas federales de alimentación, nutrición y salud. La normativa citada en la demanda establece que estas recomendaciones deben basarse en el conjunto de conocimientos científicos y médicos disponibles.
Para preparar la edición de las guías alimentarias 2025-2030, las agencias constituyeron en 2023 el Dietary Guidelines Advisory Committee (Comité Asesor de las Guías Alimentarias de Estados Unidos), siguiendo el procedimiento previsto por la Ley de Comités Asesores Federales (FACA). El comité estaba integrado por 20 expertos en nutrición y durante casi dos años desarrolló un proceso público que incluyó reuniones abiertas, comentarios ciudadanos y análisis científicos. Su informe fue publicado en diciembre de 2024 para recibir comentarios públicos.
Según se expone en la demanda, el problema empezó después de ese proceso, y es que en vez de limitarse a revisar internamente las conclusiones del DGAC, el USDA y el HHS habrían creado un segundo grupo de expertos denominado en la demanda “Secret Panel”, que habría trabajado sin el mismo nivel de transparencia y participación pública. Su misión habría sido revisar y corregir las conclusiones del comité original y elaborar una nueva base científica para las guías.
En la demanda se asegura que este segundo grupo debía considerarse jurídicamente un comité asesor federal y, por tanto, estar sujeto a las obligaciones de la FACA. Entre ellas figuran la publicación de avisos, la existencia de una carta constitutiva, la apertura de las reuniones al público y el acceso a determinados documentos y actas. Según el PCRM, ninguna de estas garantías se respetó en el caso del denominado “Secret Panel”.
Conflicto de intereses en quienes elaboraron las nuevas Guías Alimentarias de Estados Unidos
Uno de los principales argumentos de la demanda alude a los posibles conflictos de intereses, ya que el PCRM afirma que ocho de los nueve integrantes del segundo grupo tenían relaciones financieras, profesionales o de asesoramiento con empresas, organizaciones o sectores vinculados al sector cárnico, lácteo, avícola o con las dietas bajas en carbohidratos. Entre las organizaciones mencionadas aparecen la National Cattlemen’s Beef Association, que representa al sector de la carne de vacuno, el National Dairy Council, vinculado a la industria láctea, el American Egg Board, relacionado con el sector del huevo, y el National Pork Board, representante de la industria porcina.
La demanda apunta además relaciones concretas de varios integrantes con entidades de estos sectores. Por ejemplo, se atribuye a J. Thomas Brenna vínculos financieros con organizaciones relacionadas con la industria láctea y cárnica, a Donald Layman con la National Cattlemen’s Beef Association, el National Dairy Council y el American Egg Board, y a Jeff Volek con el National Dairy Council y Atkins Nutritionals. Para el PCRM, estos vínculos son especialmente relevantes porque la FACA exige que los comités asesores estén equilibrados en cuanto a los puntos de vista representados y que no sufran una influencia indebida de intereses particulares. El comité demandante afirma que la composición del grupo no cumplía ese objetivo.
Carne, lácteos y grasas ganan protagonismo en las Guías Alimentarias de Estados Unidos
La controversia no se limita al procedimiento utilizado para elaborar las guías; el PCRM también cuestiona el contenido de las recomendaciones finales. En la demanda se sostiene que las nuevas Guías Alimentarias aumentan el protagonismo de la carne, los productos lácteos y las grasas saturadas, reducen a la mitad las raciones recomendadas de frutas y verduras, eliminan los límites diarios de consumo de alcohol y promueven determinadas dietas bajas en carbohidratos como tratamiento para personas con algunas enfermedades crónicas.
Uno de los puntos que más críticas ha generado es la recomendación relacionada con la proteína animal en cada comida. Según la información aportada para la demanda, distintas organizaciones y expertos consideran que esta orientación se aleja de las conclusiones del DGAC, que había concedido mayor importancia a los patrones alimentarios basados en alimentos vegetales.
El material presentado por el PCRM señala que el informe del DGAC recomendaba aumentar las comidas de base vegetal, priorizar las legumbres y otras fuentes de proteína vegetal frente a la proteína animal, así como elegir el agua como bebida principal en vez de la leche. La demanda también cuestiona que el nuevo informe científico no realizara un modelado completo de patrones alimentarios. Según el documento que podéis leer aquí, esto habría generado contradicciones internas, entre ellas la dificultad de cumplir simultáneamente las recomendaciones sobre determinados alimentos y el límite de que menos del 10 % de las calorías proceda de grasas saturadas.
Otro punto que destaca la demanda es la rapidez con la que trabajó este segundo grupo. Según el documento judicial, el denominado “Secret Panel” produjo un informe de 90 páginas acompañado de un apéndice de 418 páginas en aproximadamente tres meses. Los nombres de sus integrantes y el informe se hicieron públicos el 7 de enero de 2026, coincidiendo con la publicación de las nuevas Guías Alimentarias 2025-2030.
La discrepancia con el proceso del DGAC (Comité Asesor de las Directrices Dietéticas) es uno de los argumentos centrales del PCRM. Mientras el comité asesor original desarrolló su trabajo durante un periodo de casi dos años y ocho meses, con reuniones públicas y participación ciudadana, el segundo grupo habría trabajado de manera mucho más rápida y sin un proceso público comparable. La organización sostiene además que la falta de transparencia impidió que científicos independientes y ciudadanos pudieran examinar a tiempo la metodología utilizada, la selección de los temas revisados y la solidez de las conclusiones. La propia demanda cuestiona que no exista suficiente información pública sobre cómo se realizaron las revisiones y por qué determinados asuntos fueron sometidos nuevamente a evaluación.
La demanda judicial no fue el primer intento del PCRM para conseguir que las guías fueran retiradas. El 8 de enero de 2026 (un día después de la publicación de las guías), la organización presentó una petición ante las oficinas de los inspectores generales del USDA y del HHS para solicitar la retirada de las Guías Alimentarias 2025-2030, así como la elaboración de unas nuevas recomendaciones coherentes con el informe del DGAC.
Según la demanda, ninguna de las dos oficinas respondió a aquella petición. Posteriormente, el 27 de abril, el PCRM se reunió con un asesor principal del HHS para plantear modificaciones correctivas y siguió enviando documentación y argumentos hasta junio de 2026. La organización afirma que, pese a ello, las agencias no habían tomado medidas para corregir las deficiencias que denunciaba.
Lo cierto es que el PCRM tampoco es nuevo en este tipo de litigios; de hecho, la organización afirma haber intervenido durante décadas en el debate sobre las Guías Alimentarias, recordando que en 1999 presentó una demanda relacionada con la elaboración del comité asesor de las guías del año 2000. En ese caso, un tribunal federal concluyó que las agencias habían infringido la FACA al no divulgar oportunamente determinados documentos; además, también determinó que el USDA había vulnerado la legislación sobre libertad de información al ocultar conflictos financieros.
La nueva demanda se apoya principalmente en la Ley de Comités Asesores Federales y en la Ley de Procedimiento Administrativo (APA). El PCRM argumenta que la creación y funcionamiento del “Secret Panel” constituyeron actuaciones administrativas realizadas sin respetar los procedimientos exigidos por la ley, y que la utilización de ese grupo no fue razonable ni estuvo suficientemente fundamentada.
La organización pide al tribunal que declare que el “Secret Panel” era un comité asesor sujeto a la FACA y que las agencias infringieron esa legislación al constituirlo. También solicita que el Gobierno entregue los documentos utilizados o producidos por el grupo, así como las actas detalladas de sus reuniones. La petición va más allá de la transparencia, ya que el PCRM quiere que el tribunal impida al USDA y al HHS utilizar tanto el informe elaborado por el “Secret Panel” como las actuales Guías Alimentarias en futuras decisiones administrativas. Además, solicita que las agencias retiren las guías vigentes y publiquen unas nuevas elaboradas por un proceso público que cumpla con la Ley de Comités Asesores Federales.
De momento, se trata de unas de las alegaciones formuladas por el Physicians Committee en su demanda, no de una decisión judicial que haya determinado que las agencias actuaron ilegalmente. La cuestión central que deberá examinar el tribunal será si el grupo utilizado por el USDA y el HHS tenía efectivamente la naturaleza de un comité asesor federal sujeto a la FACA y, en consecuencia, si las agencias incumplieron las obligaciones de transparencia, participación pública y equilibrio que establece esa ley.
Este caso pone así en el centro una cuestión que va más allá de una disputa sobre la carne, los lácteos o las dietas vegetales, por ejemplo, quién participa en la elaboración de las recomendaciones nutricionales oficiales de Estados Unidos, qué procedimiento debe seguir el Gobierno y hasta qué punto los intereses privados pueden influir en unas directrices que después sirven de referencia para numerosos programas federales de alimentación, nutrición y salud.
Como ya hemos comentado en otras ocasiones, los consejos dietéticos y nutricionales deben jugar en favor de la población, y no de la industria alimentaria, pero lamentablemente una realidad es que la investigación científica alimentaria depende cada vez más del financiamiento de la industria agroalimentaria, de ahí que se incremente notablemente el riesgo del conflicto de intereses.
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