Hoy hablamos de un análisis realizado por BEUC (Organización Europea de Consumidores), en el que explican por qué la simplificación de la legislación alimentaria en la UE no debe poner en riesgo la seguridad alimentaria, cuestión de importancia para los ciudadanos europeos que confían, quizá sin saberlo, en uno de los sistemas más estrictos y protectores del mundo en materia de seguridad alimentaria.
El nuevo intento de simplificación de la legislación alimentaria que promueve la Comisión Europea, amenaza con reinterpretar la palabra eficiencia como un sinónimo de desregulación. Por esta razón BEUC lanza una advertencia que resulta clara y por tanto incómoda, y es que agilizar no puede convertirse en desarmar, reducir el papeleo no debe suponer reducir las garantías, ya que si la UE confunde la velocidad con la prisa, inevitablemente se abrirá la puerta a posibles errores como los que se han producido en la historia reciente de la alimentación y que los consumidores hemos pagado caro.
Europa ha aprendido a la fuerza que la seguridad alimentaria no es un lujo, sino una herramienta de gran valor, una barrera contra el desastre. Podemos recordar crisis pasadas como la de las vacas locas, recientes escándalos asociados a los pesticidas, los diferentes fraudes alimentarios que se han detectado o cómo se ha puesto en evidencia que existen cadenas de suministro opacas. Todo ello demuestra que cuando se relaja la vigilancia, el consumidor, que es el último eslabón de la cadena, es el primero en pagar las consecuencias.
Por estas razones BEUC apunta la necesidad de blindar el principio de precaución y que sea la primera premisa en la UE. La lógica es simple y aplastante, si existe alguna duda científica, la prioridad debe ser la salud y no el calendario administrativo o la comodidad de los operadores económicos, ya que la industria alimentaria puede esperar, pero un consumidor intoxicado no. En este documento se alerta también sobre otro frente silencioso, la batalla por la información, y en este sentido, es interesante leer como información complementaria el post ‘La industria que controla tu plato: la gran manipulación alimentaria’.
La Comisión ve con buenos ojos la idea de sustituir parte del etiquetado físico por etiquetas digitales como los códigos QR, y en este caso BEUC advierte de una segunda señal de alarma. No se trata de estar en contra la tecnología, sino de recordar que el derecho a saber no puede depender de un smartphone, de una conexión a internet o de una app. Si el etiquetado esencial que informa de alérgenos, presencia de organismos modificados genéticamente, riesgos ambientales, impacto en el bienestar animal, etc., desaparece del envase para “aligerar” el diseño, lo que se aligera no es el papel, es la transparencia y como sabemos, sin transparencia no hay confianza. La información digital puede ser útil, pero sólo como complemento, nunca como un sustituto.
El documento de BEUC también pone la atención en un tema que es especialmente sensible, hablamos de la trazabilidad alimentaria y los controles aduaneros. La propuesta de permitir liberaciones parciales de cargamentos antes de que se completen todos los controles es, en la práctica, una clara invitación a la entrada de posibles riesgos. Lo que se ahorra en tiempo se puede traducir en un aumento de las intoxicaciones alimentarias, los fraudes o crisis sanitarias que pueden resultar difíciles de contener.
La seguridad alimentaria se sostiene en un principio básico, si un alimento no se puede rastrear, entonces no se puede proteger con efectividad a los consumidores. Y es que fragmentar los controles que existen actualmente es fragmentar la responsabilidad. A los consumidores no se les protege con discursos o con sistemas de control reducidos, se les protege con sistemas eficaces.
En el documento también hablan de la defensa de una vigilancia estricta ante amenazas que nunca desaparecen del todo, así como la exigencia de que la Unión Europea no abra la puerta a los pesticidas o biocidas con evaluaciones exprés. Por cierto, recordemos que los organismos europeos sufren la falta de capacidad de evaluación de los plaguicidas tóxicos, y muchos productos fitosanitarios obtienen la renovación del permiso de uso de un modo automático, debido a que la evaluación sobre su nocividad se pospone una y otra vez.
La organización de consumidores BEUC advierte que la designación “bio”, “nuevo” o “natural” no es sinónimo de seguro, por lo que reclama que se lleven a cabo procesos científicos completos, independientes y transparentes para validar la seguridad. Sin transparencia, la puerta queda abierta a los conflictos de intereses, sin independencia, la regulación se convierte en un simple trámite y sin controles, la palabra seguridad pierde todo el sentido.
El bienestar animal es otro tema reflejado en el documento, la simplificación no puede convertirse en la excusa para eliminar esos informes que permiten fiscalizar y denunciar posibles abusos. Cuando se apaga la luz en una parte de la cadena alimentaria, no mejora la eficiencia pero sí la impunidad, y como ya se ha constatado a través de varias encuestas y estudios en los últimos años, la ciudadanía europea quiere alimentos seguros, pero también éticos.
Por todo lo argumentado, el mensaje que se lanza es muy claro, la UE puede simplificar los procedimientos, pero no puede simplificar la responsabilidad. Si una normativa es lenta, se debe trabajar para mejorarla, si un trámite es repetitivo entonces se debe trabajar para simplificarlo, si un control puede salvar vidas, un informe evita abusos o una etiqueta protege un derecho, entonces no se debe modificar nada. No se trata de burocracia, es la democracia aplicada al sistema alimentario. La salud pública no es un obstáculo económico, es una condición mínima y obligada para un mercado justo, y si el mercado exige su sacrificio se demuestra que lo que falla no es la norma, es el mercado.
Podemos poner como ejemplo cuando la Comisión Europea quería aumentar la tasa de mercurio permitida en el pescado de mayor tamaño de uno a dos miligramos por kilogramo, con el objetivo de facilitar el comercio internacional, algo contrario a la protección de la salud de los consumidores europeos. También se puede citar cuando la Comisión Europea tenía la intención de elevar los límites máximos de aflatoxinas en 6 microgramos por kilo, pasando de 4 a 10 microgramos con el fin de facilitar el comercio internacional.
Europa tiene ahora una elección política y no técnica, puede escuchar a la industria agroalimentaria que pide rapidez, o a la ciudadanía que pide seguridad. Y dependiendo de a quien escuche puede construir confianza o sembrar sospecha, puede presumir de eficiencia o de protección. En todo caso no debería renunciar a los valores que han convertido a la UE en referente mundial en materia de seguridad alimentaria.
Es por ello que desde BEUC piden a los consumidores que eleven la voz, ya que la defensa de la seguridad alimentaria comunitaria no puede dejarse sólo en las manos de los reguladores. Cada ciudadano, cada organización, cada medio que entienda lo que está en juego, debe exigir garantías y no promesas, transparencia y no códigos QR, controles reales y no atajos administrativos, ya que si se rebajan los estándares de seguridad, el daño no será inmediato, pero sí inevitable.
Concluyendo, la simplificación de la legislación alimentaria no debe ser una excusa, debe ser una herramienta al servicio de los consumidores. BEUC pide a la Comisión Europea que escuche su mensaje, pero también el de millones de europeos que saben que con la seguridad alimentaria no se debe negociar. Os recomendamos acceder a BEUC, y concretamente al documento del análisis (Pdf), donde se da una respuesta a esa consulta pública de la Comisión Europea sobre la seguridad alimentaria y la de los piensos.
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