El paquete Ómnibus X de la UE sobre seguridad alimentaria ha dado un nuevo paso después de que el Consejo de la Unión Europea, fijara el pasado 30 de septiembre su posición negociadora sobre la parte pendiente del conjunto de medidas destinado a simplificar las normas sobre alimentos y piensos. La propuesta afecta, entre otras cuestiones, a los pesticidas, los límites máximos de residuos, los productos biocidas, los aditivos para piensos y determinados alimentos y piensos relacionados con microorganismos modificados genéticamente.
El Consejo defiende que el objetivo es reducir cargas administrativas sin rebajar los estándares europeos de seguridad alimentaria, protección de la salud y protección del medio ambiente. Sin embargo, como ya hemos comentado en otras ocasiones, la reforma lleva meses generando críticas entre organizaciones de consumidores e investigadores. Foodwatch, que impulsa la campaña “Seguridad alimentaria por encima de los beneficios empresariales: detengan la Omnibus”, considera que algunas de las modificaciones planteadas pueden debilitar las garantías existentes y cuestiona también la rapidez con la que se está tramitando el paquete legislativo.
La cuestión resulta especialmente relevante porque esta reforma llega después de varias investigaciones sobre la presencia de residuos de pesticidas no autorizados en la Unión Europea en alimentos importados, y en un momento en el que las instituciones comunitarias quieren avanzar con rapidez en buena parte de los paquetes legislativos de simplificación.
¿Qué es exactamente el paquete Ómnibus X?
El término “ómnibus” se utiliza para describir un paquete legislativo que modifica varias normas al mismo tiempo. En este caso, la Comisión Europea presentó a finales de 2025 el denominado “Ómnibus X”, dentro de su estrategia para simplificar la legislación comunitaria y reducir las cargas administrativas.
El objetivo declarado es eliminar trámites considerados innecesarios y facilitar la actividad de los agricultores y las empresas agroalimentarias, manteniendo los estándares europeos de seguridad alimentaria, salud humana y animal y protección medioambiental.
El paquete abarca diferentes ámbitos, desde los productos fitosanitarios y biocidas hasta los controles oficiales, los aditivos para piensos y determinados aspectos relacionados con los alimentos y piensos obtenidos mediante microorganismos modificados genéticamente.
El Consejo argumenta que agricultores y empresas necesitan procedimientos más previsibles y menos cargas administrativas para poder invertir, innovar y competir, y presenta la simplificación como una herramienta para hacer más competitivo y resistente al sector agroalimentario europeo. Que una reducción de trámites pueda conseguir todo eso sin debilitar los controles es, precisamente, una de las cuestiones que están en discusión.
Foodwatch hace una lectura muy distinta. En su campaña contra Ómnibus X sostiene que la rapidez del proceso y determinados cambios regulatorios pueden traducirse en una menor protección de los consumidores. Su preocupación no se limita al contenido de las normas, sino también al procedimiento utilizado para modificarlas.
El punto más delicado de Ómnibus X: los pesticidas y los alimentos importados
Uno de los aspectos más sensibles de la reforma afecta a los límites máximos de residuos (LMR), es decir, la cantidad máxima de residuo de un pesticida que legalmente puede encontrarse en un alimento o pienso.
El problema aparece cuando una sustancia que ya no está autorizada en la Unión Europea por sus características peligrosas, continúa utilizándose legalmente en determinados terceros países. Los alimentos producidos allí pueden llegar posteriormente al mercado europeo con residuos de esas sustancias siempre que respeten los LMR establecidos por la UE.
Esta situación ha sido denunciada por organizaciones como Foodwatch, que utiliza el concepto de “plaguicidas boomerang” para describir el fenómeno: sustancias que no pueden utilizarse en los campos europeos, pero que pueden seguir fabricándose o comercializándose hacia terceros países y regresar posteriormente a Europa como residuos presentes en los alimentos importados.
Una investigación de la que hablamos en este post analizó 64 productos de arroz, té y especias comercializados en Francia, Alemania, Austria y Países Bajos. De ellos, 49 contenían residuos de pesticidas y 45 presentaban uno o más residuos de sustancias no aprobadas en la Unión Europea. En total se identificaron 54 residuos diferentes, de los que 27 correspondían a sustancias no autorizadas a nivel europeo.
A este problema se suma el denominado “efecto cóctel”: un mismo alimento puede contener residuos de diferentes pesticidas y, aunque cada uno se encuentre individualmente dentro del límite permitido, la exposición simultánea a varias sustancias obliga a abordar también el riesgo acumulativo.
Ya explicamos que los informes de la EFSA sobre el riesgo acumulativo de pesticidas en los alimentos fueron cuestionados por Pesticide Action Network Europe. PAN Europe considera insuficiente la metodología utilizada para valorar la exposición combinada y especialmente preocupante su capacidad para proteger adecuadamente a los grupos de población más vulnerables.
La posición aprobada por el Consejo el pasado 30 de septiembre mantiene el principio de reducir hasta el cero técnico los LMR de determinadas sustancias especialmente peligrosas, pero establece que esa reducción deberá producirse después de una evaluación de impacto.
El Consejo amplía, además, el ámbito de las sustancias que podrían quedar sometidas a esta medida. No se incluyen únicamente aquellas que presentan determinadas propiedades especialmente peligrosas para la salud, también sustancias cuyas condiciones concretas de uso puedan generar riesgos inaceptables para las abejas o las aguas subterráneas. Además, se contemplan periodos transitorios para determinados alimentos que fueran legales conforme a los límites anteriores. De esta manera, los productos que ya se encontraran en circulación podrían permanecer en el mercado durante un periodo determinado en lugar de ser retirados inmediatamente, con el argumento de evitar el desperdicio alimentario.
Este punto permite entender mejor dónde se encuentra una parte del desacuerdo. El Consejo no ha eliminado el objetivo de reducir a cero técnico determinados límites de residuos, pero mantiene una evaluación de impacto previa. El debate está, entre otras cuestiones, en qué criterios deberá valorar esa evaluación y qué peso tendrán en ella la protección de la salud y el medio ambiente frente a las posibles consecuencias comerciales.
Autorizaciones de pesticidas durante más tiempo
Otro de los cambios importantes afecta directamente a la duración de las aprobaciones de las sustancias activas y las autorizaciones de los productos fitosanitarios. La posición del Consejo prevé que las sustancias activas consideradas de bajo riesgo y los productos fitosanitarios que las contengan, puedan obtener aprobaciones y autorizaciones sin una fecha de expiración predeterminada.
Para el resto de sustancias y productos fitosanitarios afectados por la reforma, los periodos se ampliarían hasta 15 años para la primera aprobación y 25 años para las posteriores, con determinadas excepciones.
También se amplía la protección de los ensayos y estudios utilizados en los procedimientos de autorización: de 10 a 13 años para determinados productos fitosanitarios convencionales y de 13 a 15 años para los productos considerados de bajo riesgo.
Como contrapartida a estos plazos más largos, el Consejo incorpora nuevos mecanismos de vigilancia. Entre ellos figura una revisión periódica de la literatura científica y de los datos de seguimiento disponibles por parte de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), además de un tratamiento más prudente para determinadas sustancias clasificadas como carcinógenas, mutagénicas o tóxicas para la reproducción de categoría 2.
Por tanto, el cambio no puede resumirse simplemente como una ampliación de las autorizaciones sin controles. La propuesta combina periodos considerablemente más largos con mecanismos de revisión científica que, según el Consejo, deberían permitir detectar nueva información relevante sobre los riesgos.
La reforma también pretende acelerar la entrada en el mercado de alternativas a determinados productos fitosanitarios convencionales. Para ello se prevé que las sustancias de biocontrol tengan prioridad en los procesos de evaluación previos a su aprobación, con el objetivo declarado de favorecer el desarrollo de alternativas más sostenibles para la agricultura.
En el caso de los biocidas se mantendrían las aprobaciones con fecha de expiración, pero su duración también aumentaría: hasta 15 años para la primera aprobación y 25 años para las renovaciones posteriores.
¿Por qué Foodwatch pide detener Ómnibus X?
La campaña de Foodwatch añade otra dimensión al debate. La organización considera que no se trata únicamente de una reforma técnica destinada a reducir burocracia, sino de un paquete que modifica simultáneamente numerosas normas relacionadas con la seguridad de los alimentos.
Foodwatch critica especialmente la velocidad del procedimiento y sostiene que algunas de las modificaciones propuestas pueden reducir las garantías de protección de consumidores y medio ambiente. Frente al argumento de la simplificación administrativa, reclama que cualquier reducción de trámites se demuestre compatible con el mantenimiento de los controles y de los niveles de protección existentes.
La organización también ha señalado que cientos de científicos europeos han expresado su preocupación por la reforma y ha citado evaluaciones realizadas sobre algunas de las modificaciones propuestas que cuestionan que la reducción de cargas administrativas pueda conseguirse sin consecuencias para la protección sanitaria y medioambiental. Conviene, en cualquier caso, separar esta valoración de la posición institucional. Para el Consejo, el propósito de la reforma es precisamente reducir burocracia y mejorar la competitividad sin comprometer la seguridad alimentaria ni la protección ambiental. La discrepancia está en si los mecanismos previstos son suficientes para conseguir ambas cosas al mismo tiempo.
El debate sobre los pesticidas prohibidos no desaparece
La posición del Consejo llega después de que Foodwatch, PAN Europe y otras organizaciones hayan cuestionado reiteradamente el sistema europeo de control de residuos de pesticidas en los alimentos importados.
Una opinión jurídica independiente promovida por Foodwatch, PAN Europe y el Veblen Institute sostiene que la legislación europea ofrece margen para aplicar límites mucho más restrictivos a los residuos de determinadas sustancias cuyo uso está prohibido en la UE por razones sanitarias o medioambientales. El análisis cuestiona, además, que permitir ciertos residuos de estos pesticidas en alimentos importados sea compatible con las obligaciones europeas de protección de la salud y el medio ambiente.
En este contexto ha adquirido también importancia el concepto de las “cláusulas espejo”, que persigue exigir a los productos importados condiciones sanitarias y medioambientales equivalentes a las que deben cumplir los productores europeos. Francia, por ejemplo, ha planteado restricciones sobre alimentos que contengan residuos de determinados pesticidas prohibidos, como el mancozeb o el carbendazim, una iniciativa que se ha convertido en una referencia dentro de este debate.
Os recomendamos leer también los artículos “Pesticidas prohibidos en los alimentos, la polémica ley ómnibus de la UE” y “Pesticidas prohibidos en alimentos importados: el problema que vuelve a señalar Foodwatch en Europa”, donde hemos abordado algunos de estos problemas con más detalle.
La reforma todavía no está aprobada
La decisión adoptada el pasado 30 de septiembre no significa que el paquete Ómnibus X haya quedado definitivamente aprobado. El Consejo ha fijado su posición negociadora sobre esta parte de la reforma y ahora el Parlamento Europeo deberá establecer la suya. Cuando lo haga podrán comenzar las negociaciones entre ambas instituciones para intentar alcanzar un acuerdo provisional sobre el conjunto del paquete antes de que termine 2026.
Esto explica también por qué la campaña de Foodwatch continúa abierta. Cuando la organización inició su movilización reclamaba detener un proceso que consideraba demasiado rápido y potencialmente perjudicial para la seguridad alimentaria. El expediente ha avanzado desde entonces y los Estados miembros ya cuentan con una posición común, pero todavía queda por decidir qué cambios aceptará el Parlamento y cuáles llegarán finalmente al texto definitivo.
El debate no es simplemente burocracia frente a seguridad alimentaria. La cuestión es qué controles pueden simplificarse sin reducir la protección y cuáles constituyen precisamente las garantías que permiten mantenerla.
El Consejo sostiene que su propuesta permitirá reducir cargas administrativas, facilitar la innovación y mejorar la competitividad del sector agroalimentario manteniendo los estándares europeos de seguridad. Foodwatch y otras organizaciones consideran que algunos cambios pueden debilitar la protección existente y reclaman mayores garantías.
La siguiente fase será, por tanto, determinante. El Parlamento Europeo deberá fijar su posición y posteriormente negociar con el Consejo el texto definitivo. Hasta entonces no puede hablarse de una reforma cerrada. Será esa negociación la que determine finalmente cómo quedarán los límites de residuos de determinados pesticidas, cuánto tiempo podrán mantenerse las aprobaciones y autorizaciones y qué mecanismos de control se aplicarán.
En este comunicado del Consejo de la Unión Europea podéis consultar la información oficial sobre la posición adoptada el pasado 30 de septiembre.