Mañana martes, los eurodiputados del Parlamento Europeo votarán una nueva directiva europea que tiene el cometido de reforzar la posición de los agricultores y los pequeños y medianos proveedores de la industria alimentaria ante los comportamientos injustos y desequilibrados de los socios comerciales más grandes, como son las cadenas minoristas o los grandes supermercados.
Con la nueva directiva, el Parlamento Europeo quiere proteger a agricultores y pequeños proveedores de las prácticas comerciales desleales, prácticas que suelen ser impuestas de forma unilateral por esos grandes socios comerciales en cualquier momento de la relación, sea durante las negociaciones, la puesta en marcha del contrato o posteriormente. Estas prácticas comerciales amenazan a los pequeños productores e impiden que los pequeños negocios puedan invertir en nuevos productos, en tecnología, en el acceso a nuevos mercados, etc.
Los grandes socios comerciales provocan en pequeños agricultores y proveedores costes inesperados e ingresos más bajos, también son causa de sobre producción y del aumento del desperdicio alimentario. Por estas razones se ha decidido poner en marcha unas nuevas normas que eviten estas prácticas, la normativa establecerá unos estándares mínimos que prohíben las prácticas injustas, para proteger a todos los operadores de la cadena de suministro de alimentos con un volumen de negocio inferior a 350 millones de euros, estándares que también se aplicarán a los proveedores no comunitarios.
Se prohibirán la morosidad en el pago de productos alimenticios perecederos, las cancelaciones de última hora (algo que estaba bastante extendido y que causaba enormes pérdidas entre pequeños agricultores y empresas), se prohibirán los cambios unilaterales o retroactivos de los contratos, no se podrá obligar a un proveedor a que pague por el derroche de los productos, ni modificar o rechazar de los contratos ya ejecutados por escrito. El siguiente paso será la designación, por parte de los Estados miembros de la UE, de una autoridad pública que haga cumplir las nuevas reglas y lleve a cabo las investigaciones oportunas e imponga sanciones en el caso de detectar infracciones.
Lo cierto es que de este tema se lleva hablando algunos años, aunque se ha intensificado, sobre todo, en los últimos cinco años. Recordemos, por ejemplo, que en 2014 la UE manifestaba su intención de proteger a las empresas alimentarias pequeñas para que no fueran objeto de manipulación de las grandes empresas y cadenas de distribución. Posteriormente, en el año 2016 se votaba en el Parlamento Europeo una resolución no legislativa contra las prácticas comerciales desleales en la cadena de suministros de alimentos, resolución que buscaba alcanzar más transparencia y equidad en las relaciones entre productores, proveedores y distribuidores.
En 2018 la Comisión Europea presentaba una propuesta para prohibir las prácticas comerciales desleales, concretamente las que resultan más perjudiciales en la cadena de suministro de alimentos. Se buscaba garantizar que las pequeñas y medianas empresas alimentarias y agrícolas recibían un trato justo, sin embargo, no se incluían todas las medidas que permitieran combatir todos los desequilibrios existentes en la cadena de distribución. En esta propuesta no se introducían todas las medidas que permitiesen alcanzar una total transparencia y equidad en las relaciones entre productores, proveedores y distribuidores, tampoco se hablaba de las prácticas que conducen a la sobreproducción y al despilfarro, dos cuestiones que ahora el Parlamento Europeo ha abordado con las nuevas normas.
De todos modos, aunque mañana se apruebe la nueva directiva, aún se deberá esperar a que sea aprobada por el Consejo de Ministros. A eso hay que sumar lo que se tardará en designar la autoridad pública para el cumplimiento de las reglas, las sanciones a imponer, etc., por lo que aún queda bastante para que estas medidas estén en marcha. Como decíamos, desde hace varios años, tanto la Comisión Europea como el Parlamento Europeo o el Consejo de Ministros, han manifestado su interés en construir una cadena de suministros alimentarios más justa y transparente, pero por distintas razones se ha ido prolongando en el tiempo y las normas se han ido aprobando a cuentagotas.
La nueva directiva probablemente será bien recibida por agricultores y pequeñas empresas, pero siguen quedando cuestiones en el aire sin resolver, por ejemplo, cómo evitar que estas reglas provoquen un aumento de precios para los consumidores, recordemos que cualquier excusa es válida para los intermediarios y las grandes empresas, para subir precios y aumentar el margen de beneficios. Estaremos pendientes de nuevas noticias sobre el tema y esperamos que de una vez se logre alcanzar un mercado alimentario sin comerciales desleales. Podéis conocer más detalles de la noticia a través de la página oficial del Parlamento Europeo.