En el año 2014, una investigación realizada por periodistas de la publicación digital The Guardian, ponía en relevancia un problema que se había estado denunciando en varias ocasiones por organizaciones no gubernamentales, pero hasta ese momento no se tuvo en cuenta seriamente. La investigación denunciaba que en Tailandia se obtenía pescado y marisco con mano de obra esclavizada, trabajadores inmigrantes afrontaban jornadas de trabajo de 20 horas diarias, palizas de forma regular, torturas e incluso se hablaba de asesinatos.
Las consecuencias no se hicieron esperar y un año después la UE imponía una tarjeta amarilla INDNR (pesca ilegal, no declarada y no reglamentada) a Tailandia por sus deficiencias en los sistemas de monitoreo, control y sanción de la pesca. El Reglamento INDNR tiene como objetivo asegurar que ningún producto pesquero capturado ilegalmente entre en el mercado de la UE, siendo necesario que se cumplan una serie de requisitos, como la trazabilidad, las normas de conservación y gestión, etc. Esta tarjeta amarilla se otorga al país que no coopera, por lo que se inicia un diálogo formal en el que la CE y el país en cuestión trabajan para resolver los problemas que preocupan.
Hoy nos sorprende saber que la Comisión Europea ha retirado la tarjeta amarilla INDNR a la industria pesquera de Tailandia, y nos sorprende porque, a pesar de que esta tarjeta que se impuso según la CE en 2015, posteriormente se ha tenido constancia de diferentes irregularidades y problemas. En diciembre de 2016, una investigación de Greenpeace ponía al descubierto que la industria pesquera de Tailandia continuaba violando los derechos humanos, ya que seguía explotando a los trabajadores en un régimen que se podía considerar esclavista. La organización denunciaba que esta industria llevaba los barcos a faenar en aguas lejanas a fin de evitar a las autoridades, las capturas se trasladaban a otros barcos que se encargaban de llevarlas a puerto.
En el año 2017 nuevamente apareció un informe elaborado por la OIT (Organización Internacional del Trabajo) sobre el trabajo esclavo en la industria pesquera de Tailandia, en él se aseguraba que la situación prácticamente no había cambiado, siendo el único cambio constatado el que apuntaba meses atrás Greenpeace, que los buques pesqueros operaban en aguas remotas para evitar las regulaciones pesqueras. La CE destaca que ya han pasado tres años y medio desde que se sacó la tarjeta y ahora reconoce que Tailandia ha abordado con éxito sus deficiencias en los sistemas de control, gestión y sanción, por lo que levanta el veto.
Esta decisión revierte el primer paso de un proceso que podría haber conducido a sacar la “tarjeta roja”, algo que ocurre cuando se considera que un país no coopera para solventar todos los problemas señalados, con la infografía que veis sobre estas líneas podréis tener una visión más clara de estos procedimientos. El caso es que apuntar que han pasado tres años y medio es lo de menos, ya que como hemos comentado, en 2017 se seguían manteniendo las irregularidades, por lo que en realidad sólo ha trascurrido un año y medio sin que se hayan detectado nuevas irregularidades. Según la CE, se levanta la tarjeta amarilla a Tailandia por las siguientes razones:
Se ha realizado una reforma total de la gestión de la política de flotas con sistemas sólidos de registro y control de los buques pesqueros, se han implementado correctamente y en su totalidad las medidas de la FAO en referencia a los buques con pabellón extranjero que desembarcan sus capturas en puertos tailandeses para abastecer a la industria del procesamiento pesquero, se ha procedido a ejorar los procedimientos administrativos, así como la capacitación y el apoyo político, lo que ha permitido aplicar correctamente la legislación, se han reforzado los recursos financieros y humanos para la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
Se ha puesto en marcha un sistema de trazabilidad integral que abarca toda la cadena de suministro y todos los sistemas de transporte de un modo acorde a los estándares internacionales, se ha llevado a cabo un examen exhaustivo del marco jurídico de la pesca acorde al derecho internacional del mar, incluidos los planes de sanciones disuasorias, y se han reforzado las herramientas de monitorización, control y vigilancia, incluida la cobertura total con el Sistema de Monitoreo de Buques (VMS) de la flota industrial, así como un sólido sistema de inspecciones en puerto.
Sobre el tema del trabajo esclavo, que es lo que hizo saltar realmente las alarmas, hay que decir que el reglamento INDNR de la UE no aborda esta cuestión, pero se asegura que se sigue trabajando con el país para abordar el problema, dando pasos en la vía correcta. Se destaca que Tailandia ha sido el primer país asiático que ha ratificado el Protocolo de la OIT sobre trabajo forzoso. En definitiva, que lo que hizo saltar las alarmas es lo último en lo que se trabaja para que se solucione, quizá la UE debería haber esperado a que este problema se hubiera zanjado definitivamente.
Por cierto, ¿se está investigando a la industria pesquera de Taiwán? Recordemos que el año pasado, un informe de Greenpeace denunciaba sus prácticas pesqueras destacando que no se habían solucionado temas como el trabajo esclavo y la violación de los derechos humanos. ¿Le sacará la tarjeta amarilla la CE a Taiwán?, porque hasta el momento parece que no ha movido ficha.
Nos da la impresión de que se ha acelerado el levantamiento de la tarjeta amarilla a Tailandia por intereses económicos, algo que es lo que realmente mueve a la CE en muchas ocasiones y por encima de otros intereses. Podéis conocer más detalles de la noticia a través de esta nota emitida con la Comisión Europea.