La petición de retirar del mercado el aceite de orujo de oliva ha irrumpido con fuerza este miércoles tras la noticia de que la OCU ha detectado MOAH en nueve muestras analizadas y ha trasladado sus resultados a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, la AESAN. No es una cuestión menor. Los MOAH forman parte de los hidrocarburos de aceites minerales, un grupo de contaminantes que las autoridades llevan años vigilando y que, en determinadas fracciones, preocupan por su posible relación con la genotoxicidad y la carcinogenicidad.
La alerta merece atención, pero hay que separar bien el dato, el riesgo y la recomendación. Una cosa es lo que se ha detectado en unas muestras, otra lo que se sabe sobre esos contaminantes y otra distinta pedir que se deje de consumir ese aceite en general. En nuestra cocina usamos exclusivamente aceite de oliva virgen extra y no tenemos la misma confianza en otros aceites, pero esa preferencia personal no debería ocupar el lugar del contexto ni del rigor cuando se informa sobre una cuestión así.
Lo primero es el dato. La OCU asegura haber analizado nueve muestras de aceite de orujo de oliva y haber encontrado en todas ellas concentraciones de MOAH por encima del valor de actuación temporal que España aplica actualmente para aceites. Según su nota, esos resultados estarían entre tres y diez veces por encima del umbral. También afirma haber detectado MOSH, aunque por debajo de los valores orientativos correspondientes. Eso, por sí solo, basta para que el caso se tome en serio y para que las autoridades sanitarias valoren la información recibida.
Lo segundo es el marco científico y regulatorio. AESAN explica que los MOH pueden llegar a los alimentos por distintas vías, entre ellas materiales en contacto con alimentos, lubricantes de maquinaria, contaminación ambiental o determinados procesos tecnológicos, como el refinado de aceites. En su nota de gestión del riesgo, aprobada en octubre de 2025, distingue claramente entre MOSH y MOAH. Para los MOSH, recoge que la exposición alimentaria actual no plantea preocupación para la salud humana en los niveles estudiados, aunque con un margen de seguridad limitado. Para los MOAH, en cambio, especialmente los de tres o más anillos aromáticos, sí mantiene la preocupación por posible genotoxicidad y carcinogenicidad.
Ese mismo documento de AESAN fija además una política temporal de cumplimiento para la gestión del riesgo. En la categoría de grasas y aceites, y de manera excepcional hasta enero de 2028, AESAN aplica un valor temporal de 10 mg/kg de MOAH para los aceites, siempre con valoración analítica aplicada a la incertidumbre de medida. También recuerda que la fiabilidad de estos resultados exige muestreo y análisis representativos.
Lo tercero es el modo en que se cuenta al consumidor, y aquí es donde la lectura debe hacerse con más cuidado. Presentar MOSH y MOAH simplemente como dos sustancias tóxicas derivadas del petróleo puede sonar eficaz, pero simplifica demasiado un problema que las propias autoridades no tratan de forma idéntica. Del mismo modo, pasar de unos resultados concretos en nueve muestras a una recomendación general de no utilizar este tipo de aceite, ya no es sólo informar: es orientar el comportamiento del consumidor contra una categoría completa. Esa forma de encuadrar el asunto responde al papel de una organización de consumidores, que no sólo comunica hallazgos, también busca presionar, activar una respuesta pública y empujar una conclusión práctica. Pero precisamente por eso, no conviene leer su mensaje como si fuera una descripción neutral y completa de los hechos.
Eso no resta importancia al caso, al contrario, lo vuelve más delicado. Porque si la preocupación es seria, más importante resulta todavía no contarla mal. De momento no consta una retirada oficial acordada por las autoridades, sino una petición de retirada formulada por la OCU y una valoración pendiente. Esa diferencia importa, en seguridad alimentaria no es lo mismo una alerta fundada, una recomendación precautoria y una retirada formal del mercado.
También falta información que ayudaría mucho a entender el alcance real del problema. Lo difundido hasta ahora no ofrece al público el detalle completo de marcas, lotes, metodología, incertidumbre y evaluación oficial que permitiría calibrar con precisión qué dimensión tiene esta detección y si estamos ante un problema acotado o ante algo más amplio. Y en asuntos así, el matiz técnico no es baladí, es parte de la noticia. La AESAN insiste expresamente en que su criterio debe entenderse en su integridad.
Mientras tanto, el sector del aceite de orujo de oliva sostiene que el producto es seguro y que cumple con la legislación vigente. La respuesta conocida hasta ahora, recogida por varios medios a partir de declaraciones de la asociación empresarial del sector, insiste en que la industria lleva años adaptándose a la futura normativa europea y reclama prudencia antes de extraer conclusiones generales. Eso no quita peso a la advertencia de la OCU, pero aún falta saber qué valoración hacen las autoridades sanitarias sobre esos análisis y si consideran necesario retirar productos del mercado.
Por eso, más que elegir entre alarma o desmentido, quizá lo más razonable hoy sea otra cosa: reconocer que existe una señal preocupante, que las autoridades sanitarias deben estudiarla y que el consumidor merece una explicación completa, no una simplificación. El caso del aceite de orujo de oliva merece atención, desde luego, pero también contexto, contraste y pruebas completas. Porque en cuestiones de seguridad alimentaria no debería bastar ni una alarma rotunda ni una defensa tranquilizadora: lo que hace falta es información comprobada, explicada con rigor y lo bastante sólida como para que el consumidor no tenga que confiar a ciegas en nadie.