Hoy viernes, los miembros de la Asamblea Nacional francesa (una de las cámaras que componen el parlamento de Francia) han votado la aprobación de un Proyecto de Ley para proteger a la población de los peligros de la comida basura. Se trata de un proyecto ambicioso que integraba diferentes actuaciones, pero una serie de enmiendas han limitado su alcance y, además, se ha modificado su nombre pasando a ser Proyecto de Ley para mejorar la calidad nutricional de los alimentos y fomentar las buenas prácticas alimentarias.
Inicialmente el Proyecto de Ley contemplaba cuatro puntos principales, la regulación de los aditivos, la reducción de los niveles de azúcar, sal y ácidos grasos saturados en los alimentos procesados, la reducción del impacto publicitario entre los más jóvenes, y los cursos de nutrición en las escuelas. Sin embargo, las enmiendas han descafeinado la iniciativa, siendo simplemente un pequeño paso en la lucha contra la comida basura. Uno de los puntos más significativos que se introducen con esta nueva legislación es la aplicación de la etiqueta NutriScore en la publicidad de Internet, televisión y de otros medios de comunicación.
Los anuncios deberán incluir la información que proporciona la etiqueta NutriScore, es decir, información sobre el contenido en grasas, azúcares y sal, así como del carácter saludable de los productos. Esta es una buena medida, sin embargo, se ha dejado una puerta trasera abierta, los anunciantes pueden evitar tener que incluir la información si pagan una contribución económica que asignará la Agencia Nacional de Salud. Esto no es ayudar a la población a mejorar su alimentación, a educarles sobre qué productos son más o menos saludables, parece simplemente una medida con carácter recaudatorio, por eso no es extraño que muchos se lamenten de los cambios que se han realizado en el Proyecto de Ley inicial.
El Gobierno francés da un margen de tiempo para que la industria alimentaria se adapte a esta norma que entrará en vigor, previsiblemente, en enero de 2021, aunque, claro, si las empresas tienen pensado pagar, no tendrán que realizar ningún cambio. Otro punto destacado es el mecanismo por el cual los reguladores franceses podrán establecer objetivos en la reformulación de productos alimentarios, las empresas estarán obligadas a proporcionar datos del etiquetado nutricional al Departamento de Nutrición del Observatorio Francés de calidad Alimentaria. A partir de esta información, se preparará un informe anual con los cambios producidos en la calidad nutricional de los alimentos.
De nuevo se habla del carácter voluntario, se establecerán objetivos de reducción de sal, azúcares y grasas de forma voluntaria, ya hemos comentado en varias ocasiones que estas fórmulas no funcionan y así se ha demostrado a lo largo de los años. Si se obligase a las empresas a reformular sus productos para que fueran más saludables, otro gallo cantaría. Un tercer punto destacable pero lamentable por su desenlace es la introducción de la asignatura de nutrición en las escuelas. Inicialmente, en el Proyecto de Ley se contemplaba con carácter obligatorio, pero ahora se presenta como algo opcional y como parte de las actividades que se realizan en un colegio.
Algunos políticos hablan de la nueva legislación como una victoria para la salud, sin embargo, apenas se ha movido ficha contra la comida basura, parece que los lobbies han sabido presionar y jugar sus cartas para que el Proyecto de Ley inicial no saliera adelante tal y como estaba redactado. Pero otros son más optimistas y consideran que es un primer paso y que ya vendrán otros, lo importante es que la Asamblea Nacional ha aprobado una serie de puntos que van en una dirección correcta.
En el texto original se prohibía la publicidad de comida con elevado índice de grasas, azúcar y sal, teniendo en cuenta el alto índice de sobrepeso y obesidad infantil, esta medida era aplaudida por algunas organizaciones y asociaciones de consumidores. Foodwatch Francia ha denunciado que no se haya llevado a cabo y a considerado que el hecho de que se haya evitado la introducción de este punto es todo un escándalo (lo podéis leer aquí).
En definitiva, es un mínimo paso que demuestra el poder que tiene la industria alimentaria para influir en los Gobiernos y que se adopten decisiones que resulten, en la medida de lo posible, favorables a sus intereses. Podéis conocer más detalles de la noticia a través de este artículo publicado en Le Monde.
Foto 2 | Marco Verch