Un informe elaborado por Business & Human Rights Resource Centre (Centro de Recursos Empresariales y de Derechos Humanos), denuncia la esclavitud moderna en la cadena de suministro del atún en conserva. En este informe se han analizado 35 de las principales compañías atuneras, concluyendo que este sector no está abordando el problema de los abusos de los derechos humanos en sus cadenas de suministro. Hay que recordar que esta organización sin ánimo de lucro tiene el cometido de visibilizar a nivel internacional el impacto de la actividad de las empresas (sea positiva o negativa) en los derechos humanos.
La organización explica que el Océano Pacífico es la zona de actividad de las pesquerías de atún más grandes del mundo, de ahí se obtiene casi el 60% de las capturas de atún que se realizan en el mundo. Este océano destaca también por ser un lugar donde se producen graves abusos de los derechos humanos considerándose una práctica endémica, trabajos forzados, esclavitud, trabajo infantil, trata de personas donde trabajadores inmigrantes son objeto de transacciones como si fueran esclavos…
A esto hay que añadir el trato vejatorio recibido y la posibilidad de que sean maltratados o arrojados por la borda si se quejan. Esta situación nos recuerda bastante al problema denunciado hace unos años sobre la esclavitud del marisco que sufrían los tailandeses. En la investigación se encuestó a 35 empresas atuneras y supermercados que representan a las 80 marcas minoristas de atún en conserva más grandes del mundo, la encuesta se realizó entre noviembre del año pasado y enero del presente año y sólo quisieron participar 20 empresas.
Según las conclusiones obtenidas, las compañías atuneras no están apoyando sus políticas con acciones prácticas contra la denominada esclavitud del siglo XXI, algo similar a lo ocurrido en Tailandia, donde el problema, según algunas organizaciones no gubernamentales, no se ha terminado de solucionar, aunque hay que recordar que la CE retiró la tarjeta amarilla INDNR a la industria pesquera de Tailandia.
Según el informe sobre la esclavitud en la cadena de suministro del atún en conserva, 24 de las 35 empresas analizadas cuentan con una política pública de derechos humanos, 18 informa que tienen un proceso de diligencia en materia de derechos humanos, pero sólo una de ellas, Thai Union, ha descrito con detalle su procedimiento de diligencia. Sólo 4 de las 35 empresas (Thai Union, Kraft Heinz Australia, Target y REWE Group) informaron sobre sus políticas y procedimientos de diligencia centrados en el riesgo de la esclavitud moderna en la cadena de suministro.
En el documento se destaca la opacidad de las compañías atuneras, sólo 7 de las 35 empresas informan que han mapeado y analizado sus cadenas de suministro en su totalidad. Se destaca que, como norma general, las empresas no logran hacer cumplir sus políticas de derechos humanos en sus cadenas de suministro, sólo 3 de las 35 empresas aplican con éxito las prohibiciones sobre la esclavitud moderna en todos los eslabones de sus cadenas de suministro.
Business & Human Rights Resource Centre comenta que la mayoría de las compañías atuneras no extienden su sistema de quejas a los trabajadores en sus cadenas de suministro, 21 de las 35 empresas cuenta con mecanismos para denunciar casos de presuntos abusos de los derechos humanos, pero sólo en seis (Thai Union, Bumble Bee Foods, Clover Leaf Seafoods, Kaufland, Metro AG y Coles Group) están disponibles para todos los trabajadores de la cadena de suministro. Se concluye que algunas empresas atuneras están comprometidas en la lucha contra esta forma de esclavismo y trabajan de forma continua para mejorar su enfoque de los derechos humanos con medidas innovadoras, como la trazabilidad digital de las capturas o medidas concretas que protegen a los trabajadores inmigrantes, estas empresas son Thai Union, Bumble Bee Foods y Clover Leaf Seafoods. En la fotografía sobre estas líneas podéis ver la lista de empresas y la clasificación obtenida en cada uno de los parámetros.
Empresas como C-Food International, Pegasus Food, Ocean Brands, Hi-Q Food Products y Supervalu, suspenden en todos los parámetros, política, diligencias sobre los derechos humanos, visibilidad en la cadena de suministros, soluciones, acciones aplicadas o participación de los interesados (trabajadores). En el lado opuesto encontramos empresas como Thai Union que aprueban en casi todos los parámetros citados, gran parte de las empresas se clasifican como que están empezando o están haciendo progresos en la mayoría de parámetros citados.
En definitiva, la opacidad es algo que destaca en el sector, por ello, Business & Human Rights Resource Centre proporciona una serie de recomendaciones para que cambie esta situación, a través de este enlace (Pdf) podréis leer el informe completo.