Poco a poco va aumentando el número de países que deciden introducir el impuesto del azúcar o impuesto de los refrescos con el argumento de intentar frenar la obesidad y las enfermedades asociadas, como la diabetes tipo 2, las enfermedades cardíacas, etc. En este caso, la medida ha sido aprobada por el parlamento de Estonia, uno de los países de la Unión Europea con menos población, que se encuentra al norte de Europa.
Estonia introduce el impuesto de los refrescos uniéndose así a otros países comunitarios que han aprobado una legislación destinada a frenar el consumo de azúcar mediante un enfoque de carácter tributario segmentado en varios niveles. La OMS se ha pronunciado sobre la decisión del Gobierno del país, considerando que es un paso hacia adelante en la lucha contra la denominada epidemia del siglo XXI, que va en consonancia con las directrices internacionales de esta organización. Además, espera que este pequeño país introduzca otra serie de medidas eficaces que ayuden a mejorar la alimentación de la población y su salud a largo plazo.
Aunque Estonia tiene una población reducida, casi 1.300.000 habitantes, es uno de los países con más obesidad de la Unión Europea, su tasa en la población a partir de los 18 años ronda el 20’4%. Pero también hay que decir que en otros países, como Malta, cuya población es inferior al medio millón de personas, la tasa de población adulta obesa se establece en un 26%. Algo similar le ocurre a Letonia, con un censo de algo más de dos millones de habitantes, el 21’3% de la población es obesa, por lo que es el segundo país de la UE con mayor índice de obesidad.
Hungría se coloca en tercer puesto en este ranking de países más obesos, tiene una población de casi 10 millones de habitantes y la tasa de obesidad en la población adulta se sitúa en un 21’2%. El cuarto lugar es para Estonia y en quinto lugar se sitúa el Reino Unido con una población de unos 65 millones de habitantes y un índice de obesidad que afecta al 20’1% de la población adulta. Todos estos países están adoptando medidas similares para intentar reducir el consumo de refrescos, las grasas trans en los alimentos, las bebidas energéticas, etc.
El gravamen entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2018 y se aplicará en varios niveles, las bebidas que contengan entre 5 y 8 gramos de azúcar por cada 100 mililitros, serán gravadas con una tasa de 10 céntimos de euro por litro, si el contenido supera los 8 gramos por 100 mililitros, la tasa que se aplicará será de 30 céntimos de euro por litro. Las bebidas que contengan edulcorantes artificiales también serán gravadas con una tasa única de 10 céntimos de euro por litro.
Las bebidas que contengan edulcorantes artificiales y azúcar en un rango de entre 5 y 8 gramos por cada 100 mililitros, se gravarán con 20 céntimos de euro por litro, el mismo segmento de bebidas que contenga más de 8 gramos de azúcar por cada 100 mililitros, serán gravadas con 30 céntimos de euro. Estarán afectadas todas las bebidas no alcohólicas, incluidos zumos y bebidas no carbonatadas con base de leche.
La razón de que se hayan introducido diferentes niveles del impuesto, tiene como objetivo impulsar que los fabricantes reformulen sus bebidas. Se espera que con esta medida el contenido de azúcar en las bebidas disminuya progresivamente, de hecho, la Organización Mundial de la Salud cree que para el año 2019 el umbral del contenido en azúcar en las bebidas con más de 8 gramos se reduciría hasta el límite de estos 8 gramos, en el 2020 el contenido volvería a reducirse a fin de evitar el impuesto, pero esto son conjeturas. Como ha ocurrido en los demás países donde se ha introducido el gravamen, ha sido objeto de críticas por parte de la industria de los refrescos argumentando que se trata de una medida ineficaz y que hay que centrar la atención en otros productos que contienen mucho azúcar, evitando demonizar a los refrescos azucarados.
Hablando de esto, recordemos que en el Reino Unido la organización Action on Sugar (AoS) ha solicitado al Gobierno introducir el impuesto del azúcar en chocolates y productos de confitería, si el Gobierno atiende a la petición y llega a introducir el gravamen, posiblemente terminará produciéndose un efecto dominó y otros países también introducirán esta medida.
Mientras se reduce el consumo de este tipo de bebidas azucaradas y según comentan aquí, el Gobierno del país espera poder obtener unos ingresos adicionales para las arcas del Estado de 15 millones de euros en 2018, 16 millones en 2019 y 17 millones en 2020. Esto no cuadra con lo comentado por la OMS, sobre todo porque considera que se reformularán las bebidas y se reducirá el contenido de azúcar en esos años, lo que daría lugar a una menor recaudación.
En definitiva, el país ya está contando con el dinero que ingresará, por lo que de nuevo se utiliza la excusa de la salud para introducir un impuesto que tiene fines recaudatorios, decimos esto porque no se ha hablado de invertir el dinero en programas de salud, subvenciones para los alimentos saludables u otras acciones contra el sobrepeso y la obesidad que no le cuesten dinero al contribuyente.
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Foto 1 | Ruth Hartnup