¿Bienestar animal o guerra comercial encubierta?, esta es una pregunta que debemos plantearnos tras conocer la exposición que nos proporciona la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG). La organización denuncia que otros países comunitarios mucho menos competitivos y eficientes que España, se están amparando en el bienestar animal para desplazar al sector porcino español. Parece ser que Dinamarca y Holanda son los países responsables de esta estrategia fomentada especialmente por la presidencia danesa de la UE. Entre los puntos referidos en la legislación sobre bienestar animal que se aplicarán a partir del 1 de enero de 2013, se contempla la limitación de que los animales vivos puedan viajar más de 8 horas, evidentemente esto afectaría a las exportaciones españolas significativamente.
Este punto propuesto por el Parlamente Europeo se contradice con el informe de la Comisión Europea en el que se determina que no existe base científica para justificar el tiempo de transporte estipulado, de hecho, la EFSA (Agencia de Seguridad Alimentaria Europea) determina que el bienestar animal en los viajes depende más de la calidad de la conducción que del tiempo que se tarda en llegar a destino. Por esta y otras razones se puede creer que existen intereses comerciales detrás del bienestar animal.
Además de limitar el tiempo de transporte de los cerdos a un máximo de ocho horas, se contemplan otros puntos como el incremento de espacio libre para cada animal, esto ya lo referenciábamos ligeramente en el post ¿Es la Unión Europea muy estricta con las normas de bienestar animal? Se pretende que las explotaciones porcinas tengan un suelo revestido específicamente, cambiar las condiciones de los alojamientos de las cerdas gestantes, estas y otras exigencias van a provocar un coste de adaptación por animal que ascenderá hasta los 300 euros, para quienes tengan una explotación con 500 animales supondrá un desembolso de hasta 175.000 euros, teniendo en cuenta la crisis económica en la que nos encontramos sumidos, es un panorama muy desfavorable. Pero por otro lado, como consecuencia de la aplicación de estas normas podemos plantearnos otras preguntas, ¿se sacrificarán animales?, ¿subirá el precio de la carne y los derivados del cerdo?, se podría decir que todo apunta que la respuesta es sí.
En nuestro país existen hasta 75.000 explotaciones de cerdas, por lo que podemos hacernos una idea del alcance de la inversión económica que se debe realizar y de los problemas que esto va a generar. Nosotros estamos a favor del bienestar animal y el trato digno, pero estamos de acuerdo con COAG, esto parece más un intento de apartar a nuestro país del mercado, como decíamos, otros países no pueden competir con España en cuanto a clima, productividad, etc., por ello la única alternativa que les queda es acogerse al bienestar animal y utilizarlo como un arma comercial. Con los cambios previstos, hubiera sido lógico que la Unión Europea impulsara un estudio para determinar el alcance de la adaptación propuesta en la nueva normativa de bienestar animal, y aunque no se ha realizado, se apunta que las consecuencias serían similares a las sufridas en el sector de la avicultura, la escasez de huevos ha sido un hecho, igual que la espectacular subida de los precios, en enero la docena de clase M se cotizaba a una media de 0’96 euros, a mediados de marzo el precio ya había alcanzado los 1’44 euros por docena.
De acuerdo que el sector ha tenido tiempo para realizar las modificaciones oportunas, dado que la normativa para mejorar las condiciones de las gallinas ponedoras se estableció en 1999, pero lo que no se puede hacer es vetar las producciones europeas y dar vía libre a los huevos producidos en países como Turquía o México donde el bienestar animal brilla por su ausencia y las condiciones sanitarias son peores. Como dato a tener en cuenta, la importación de huevos (que podemos calificar de calidad dudosa por la legislación de los países exportadores) se ha incrementado hasta alcanzar el 40%.
España se enfrenta a un nuevo problema que puede derivar en el cierre de explotaciones porcinas, el sacrificio y reducción de la cabaña porcina, y por supuesto, el incremento de las importaciones de porcino procedente de terceros países, si nosotros no aceptamos las condiciones en las que se encuentran nuestros animales, ¿por qué aceptar los que provienen de otros países con legislaciones precarias en materia de bienestar animal? Sin duda es una incoherencia gestada y alimentada en el seno de la UE y dado que el proceso sigue adelante, parece que los únicos que podemos hacer algo al respecto somos los consumidores. Queremos comprar alimentos producidos en un marco de bienestar animal, pues entonces evitemos adquirir los productos de terceros países que como hemos indicado, no cumplen con los requisitos mínimos exigidos a los productores europeos. Hablamos de España, pero el problema también afectará a otros países comunitarios, parece que la tendencia es dar alas a los terceros países y que sus productos puedan introducirse en el mercado comunitario con total libertad y sin etiquetas que certifiquen el bienestar animal. Claro que el drama no acabará con el sector porcino, animal es un genérico por lo que otros sectores también podrían recibir el peso de esta y nuevas normativas.
COAG reclama el estudio antes mencionado, es necesario conocer el alcance e impacto de la normativa y sus consecuencias, quizá de este modo se puedan realizar las modificaciones oportunas o dar más tiempo para que la transición de las condiciones de los cerdos mejoren. Por otro lado, el tema de la duración del viaje a un máximo de ocho horas hay que discutirlo, se deben aportar pruebas científicas al respecto. Hay que añadir que no se han contemplado ayudas al sector, tampoco créditos bonificados u otros mecanismos que permitan realizar las inversiones oportunas al sector porcino, como decíamos, da la impresión de que todo sea un mecanismo puramente comercial. Os recomendamos leer el artículo publicado en COAG al respecto, para adquirir conciencia sobre el problema.
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