Durante los últimos días, a través de los medios de comunicación hemos podido saber que el precio de los huevos se ha disparado, la razón es la legislación que obliga a incrementar el espacio de las gallinas ponedoras. No se trata de una nueva norma, dado que se estableció en 1999 y los productores han tenido 13 años para realizar las modificaciones oportunas, en el caso de España, la legislación se ha obviado y se calcula que hasta 11 millones de gallinas ponedoras están confinadas en jaulas con espacios limitados que no cumplen la reglamentación de bienestar animal. ¿Es la Unión Europea muy estricta con las normas de bienestar animal?, para los productores que no han aplicado las modificaciones sí, como desde Bruselas se han anunciado inspecciones y multas, ahora se apresuran a realizar los cambios y por supuesto aparecen las quejas.
La producción de huevos se ha reducido, se deben retirar gallinas ponedoras a fin de poder adaptar las jaulas a la legislación, a menos gallinas menos producción y por tanto, según la ley de la oferta y la demanda, los huevos se encarecen. Hace unos días la CAOBISCO (Asociación de Industrias de Chocolates, Galletas, Biscottes y Confitería de la Unión Europea) alertaba de la escasez de huevos, un ingrediente esencial para los productos que elaboran, indicaban que su actividad se ponía en riesgo por la falta de materia prima y por ello, solicitaban a la Comisión Europea que adoptara las medidas oportunas que permitieran, por un lado garantizar el abastecimiento, y por otro frenar la imparable subida del precio de los huevos. Para que nos hagamos una idea, en tan sólo tres meses, el precio de los huevos se ha incrementado en un 50%, en enero la docena de clase M se cotizaba a una media de 0’96 euros, a mediados de marzo el precio ya había alcanzado los 1’44 euros por docena.
Para los productores, las normas de bienestar animal han sido las causantes de la situación, hay quien indica que la normativa es muy rigurosa y obliga a tratar mejor a los animales que a las personas. Sin embargo, hay que puntualizar que se habla simplemente de ampliar ligeramente el espacio en el que se encuentran las gallinas ponedoras, pasando de los 550 centímetros cuadrados a 750 centímetros cuadrados, también se contempla la modificación de los comederos entre otros puntos menos significativos. Hay que recordar que el sector avícola a nivel europeo conocía la normativa que se puso en marcha en 1999, tiempo se ha tenido para realizar los cambios oportunos, ampliar instalaciones, etc. Los países más afectados por el cumplimiento de la normativa son España, Bulgaria, Chipre, Polonia, Francia, Letonia, Italia, Hungría, Portugal, Holanda, Grecia, Rumanía, Malta y Bélgica, en el mes de noviembre se calculaba que unos 51 millones de gallinas todavía estaban confinadas en jaulas que incumplían la legislación, y una buena parte pertenecen a nuestro país. Volvemos a invitaros a ver el vídeo para que os hagáis una idea del espacio que hasta la fecha, han tenido las gallinas ponedoras.
El sector no tiene más remedio que actuar para evitar sanciones o clausuras de explotaciones, ahora hay prisa y se sacrifican gallinas, por lo que la menor producción provoca la escasez de huevos y el incremento de precios. Siguiendo la estela de la normativa europea de bienestar animal, la misma situación se puede reproducir con otras producciones, un ejemplo es el sector porcino. Como sabemos, a principios del mes de enero la Unión Europea anunció su intención de mejorar la legislación sobre bienestar animal, para ello, una nueva legislación va a tratar de eliminar los vacíos legales y obligar a que las normas vigentes se cumplan (un ejemplo es el caso de las gallinas ponedoras), también se pretendía que determinados procedimientos que no son obligatorios en algunos países de la UE lo sean, la idea es que todos los animales de los países comunitarios reciban el mismo trato. El paquete de medidas planteadas debe corregir las deficiencias legislativas en la producción y en el producto que adquiere el consumidor, a este último se le proporcionarán una serie de criterios que permitan la compra de alimentos procedentes de animales que han recibido un trato digno, para ello nada mejor que los alimentos etiquetados con garantías de bienestar animal.
Decíamos que el siguiente sector que puede sufrir el peso de la reglamentación del bienestar animal es el sector porcino, lo que ocurre con las gallinas ponedoras es una advertencia para este sector, dentro de unos meses se aplicará una normativa que afectará a las condiciones de los animales en las granjas, ¿se sacrificarán animales?, ¿subirá el precio de la carne y los derivados del cerdo?, pero hay que ir más allá, animal es genérico por lo que otros sectores también podrían recibir el peso de la normativa de bienestar animal, sería cuestión entonces de empezar a trabajar en los cambios oportunos, lamentablemente la crisis económica es actualmente una gran complicación para realizar inversiones en el acondicionamiento de las producciones. Pero lo de las gallinas no tiene excusa, como hemos indicado la normativa hace años que está vigente y se ha tenido tiempo y situación económica bollante para realizar los cambios oportunos.
Por supuesto, el sector no ve con buenos ojos el afán legislativo de la Unión Europea y se realizan duras críticas, la actuación de la UE está restando competitividad a nivel internacional y provoca la escasez de producto a nivel nacional, se critica la tolerancia cero en varias cuestiones que sí son aceptadas en países no comunitarios como por ejemplo el uso de hormonas, en Estados Unidos, por ejemplo, están aprobadas indicando que se ha demostrado la inocuidad para los consumidores. Al respecto recordamos la hormona BST, en principio aprobada y posteriormente retirada al demostrarse provocaba efectos dañinos en las vacas, además se descubrió que la leche que se producía, podría provocar la aparición de cáncer entre los consumidores, por fortuna la hormona se retiró.
En el artículo de Infocarne también se argumentan las trabas de la Unión Europea a la introducción de alimentos transgénicos, algo que a los productores limita la competitividad, personalmente creemos que se debe valorar más la salud del consumidor que la rentabilidad de las producciones, del mismo modo se debe respetar la decisión de aquellos consumidores que no quieren tener nada que ver con los alimentos transgénicos. Quizá más transparencia y estudios a largo plazo más exhaustivos y realizados por laboratorios independientes (no por los laboratorios de las multinacionales), serían la clave para que se acepten de mejor grado. En el mencionado artículo se habla de las trabas que se ponen sin mucha base científica, hay que puntualizar que todo dependerá de cada caso.
Es verdad que el sector avícola se enfrenta a un serio problema y que los productores y consumidores pagan las consecuencias, pero no es verdad que no se hayan respetado los plazos de espera, han sido 13 años. Posiblemente se habla del plazo de espera (ultimátum dado en el mes de enero) en el que se indicaba que las granjas tienen un plazo de seis meses para adaptarse a la nueva legislación que entró en vigencia el 1 de enero, el asunto tiene muchos ‘huevos’ y seguiremos sufriendo las consecuencias al margen de la razón que unos u otros puedan tener, quizá se sacrifiquen gallinas, pero el precio que se paga por los huevos es mayor, por otro lado la situación propicia que se introduzcan huevos de terceros países cuyas garantías sanitarias no son como las que están implantadas en Europa. Seguiremos atentos a la crisis del huevo.